La conedena no ha quedado en firme y mientras tanto, sigue apresado en aquella cabecera departamental.
Tut Ical fue condenado por la brutal muerte de su pareja Alejandra Ico Chub, de 32 años, el 29 de octubre de 2018 en el sector Isla del Norte de la aldea San Miguel del municipio de Chisec, Alta Verapaz. El sujeto aseguró desde el momento de su captura que había cometido el crimen por un “arranque de celos”, porque “creía que Alejandra le era infiel”.
Sin embargo, durante el proceso penal se demostró, mediante un peritaje siquiátrico, que Tut Ical era misógino, sentía odio por las mujeres a quienes cosificaba y agredía. Alejandra no era su única pareja. Tenía una esposa, que fue testigo en el proceso por el que fue condenado.
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Ella denunció su caso, pero luego retiró los cargos porque sentía temor de él. De hecho, en los registros quedó consignado que Tut Ical también atacó a la madre de sus siete hijos con un machete, pero no consumó el femicidio. Hasta ahora solo ha sido condenado por el crimen de Alejandra.
Testimonios y medios de prueba fueron cruciales
Tut Ical, según la investigación presentada ante el Tribunal compartía la vida marital con ambas mujeres, e incluso, vivían en comunidades cercanas. Las mujeres se conocían entre sí, y habían socializado en algunas oportunidades. Alejandra no procreó hijos con Tut Ical, tenía tres de otra personas. Dos mujeres y un hombre, que fueron criadas después de la muerte de Alejandra por su abuela materna.
Para llegar a la sentencia no fue fácil, asegura el fiscal adjunto de la fiscalía contra el delito de femicidio, Édgar Gómez. Sortearon obstáculos procesales, pero aún alcanzaron la condena. El caso fue muy mediático, sobre todo porque vídeos del crimen se hicieron virales en las redes. Eso provocó muchas cosas ante las partes procesales, recuerda.
Los principales medios de prueba, como los testimonios de familiares de la víctima, de vecinos, fueron cruciales porque le explicaron al Tribunal el caso, de cómo ocurrió, cómo todo comenzó con una discusión en la que él reclamaba que la había visto bajarse de un camión y cuyo piloto era otro hombre.
Eso, sostiene el fiscal, no lo pudo sostener la defensa, porque nadie pudo atestiguar tal extremo. “Lo que sí se comprobó fue que era misógino, odiaba a las mujeres”, apuntó el fiscal adjunto.
También fue fundamental haber hallado el arma homicida. El machete con el que Tut Ical le partió en dos la cabeza a su pareja y le cercenó las dos manos. Los celos, como tal, son un motivo fútil, sin importancia, porque eso no le daba derecho a quitarle la vida a Alejandra, asegura el fiscal Gómez.
Durante los cinco años que duró el proceso se enfrentaron a limitaciones de aceptación de peritajes sociológicos, de género, recurrieron a amparos, a recursos para que el caso siguiera su curso y se pudiera condenar a Tut Ical, recuerda Gómez.
De hecho, agrega, el debate había sido proyectado para llevarse a cabo en 2024, pero lograron cambiarlo para que se llegara a una sentencia en un caso que conmovió a una comunidad que antes del suceso vivía en paz y en armonía.
“Nunca había ocurrido algo así”
La organización Movimiento Transformando Mujeres (MTM) llevó a cabo un peritaje cultural en el que se demostró el impacto que tuvo en la comunidad este hecho. “Nunca había ocurrido algo parecido”, recuerda Paula Barrios, coordinadora de MTM.
Barrios recuerda que el caso no fue sencillo porque tuvieron que recurrir a otras instancias judiciales para que aceptaran los peritajes que habían elaborado. La jueza misma que conoció el caso en un principio se recusó por enemistad con MTM.
Paralelamente con el caso de Alejadra Icó Chub hay otros 10 expedientes en Alta Verapaz. “Particularmente en Chisec y Santa Catalina La Tinta”.
La coordinadora de MTM explica que mientras el caso de Alejandra se conocía en el Tribunal de Sentencia otras dos mujeres murieron a manos de sus parejas por heridas producidas por machete.
“Se exacerba más todo al viralizar estos vídeos. Uno de esos casos que le comento, una mujer estaba embarazada, la mujer se desangra mientras una persona graba con su celular el hecho. El agresor huye”, cuenta.
“La violencia contra las mujeres ha sido continua al no haber una sanción pronta, al no haber sanción comunitaria, al no tener las mujeres las instituciones cercanas a las comunidades”, explica Barrios.
Según ella los gobiernos no previenen, sobre todo, en los idiomas mayas, de este tipo de situaciones. “El machete, que es una herramienta de trabajo en aquellas localidades, se ha convertido en un arma para agredir a las mujeres”, asegura Barrios.
“La mujer se encuentra desprotegida”
Para el fiscal adjunto es necesario hacer los esfuerzos para evitar que los hechos de violencia intrafamiliar se conviertan en un femicidio. “Existe una brecha entre los hombres, porque hay dependencia de las mujeres, por eso se tolera”, explica.
“La mujer se encuentra atada y no cuenta con el apoyo ya sea familia, comunitario o estatal, de separarse de una relación tóxica, y es por eso que se normaliza la violencia”, analiza.
Ambas fuentes aseguran que estatalmente se han hecho esfuerzos, se han adquirido compromisos internacionales, mandatos que el Estado debe garantizar la vida de las mujeres.
Mario Tut Ical, femicida de Alejandra Ico Chub, fue condenado el pasado 29 de agosto a 50 años de cárcel. El sujeto mutiló a su pareja el 29 de octubre de 2018 en Chisec, Alta Verapaz. https://t.co/lEyRgUUw8r
— Prensa Libre (@prensa_libre) September 1, 2023
Paula Barrios de MTM dice que la fiscalía del delito de femicidio ha recibido formación, están comprometidos con su trabajo, viajan a toda la República para acompañar este tipo de casos, pero han superado sus capacidades, porque son muchas las denuncias.
El Organismo Judicial, considera Barrios, debe mejorar la supervisión de las judicaturas para establecer si están haciendo bien su trabajo en comunidades como Alta Verapaz donde la incidencia de violencia contra la mujer es muy alta.
El caso de Alejandra es emblemático, aseguran. Aunque lo ideal es evitar los femicidios, se dignifica de alguna forma su memoria. El sujeto, Mario Tut Ical pasará 50 años en la cárcel, deberá pagar un resarcimiento a los tres hijos de Alejandra, y el Estado está comprometido a hacer los esfuerzos para evitar que estos hechos sigan ocurriendo, dicen las fuentes.
